El gobierno entre la espada y la pared por minera Doe Run
A pesar de haber favorecido a la compañía estadounidense con un decreto, al gobierno no le será tan fácil ampliar por cuatro años más los compromisos ambientales de la empresa debido a hechos irrefutables: según estudios de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y de la universidad San Luis de Missouri, existe una alta concentración de plomo en los pobladores de La Oroya.
No obstante a los problemas de contaminación de la zona, son los propios oroyinos quienes piden la continuidad de la minera al considerarla como su principal fuente de trabajo, advertidos, además de la amenaza de Doe Run de abandonar la zona en caso no se haga eco a su solicitud de ampliación para cumplir con el medio ambiente.
Por lo pronto, pobladores de la localidad, encabezados por su alcalde Clemente Quincho, acusan a las ONG de estar detrás de las acusaciones contra la compañía.
De acuerdo a DIGESA, 99% de los niños están intoxicados con plomo en niveles tres veces mayores, en promedio, que lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto hace que los menores no crezcan según su edad y peso, ocasionado tanta exposición al mineral daños irreversibles al sistema nervioso central.
En diciembre del año pasado, se publicó un estudio de la universidad norteamericana de San Luis que confirmaba el alto nivel de metales cancerigenos en la sangre de la población de La Oroya y Concepción.
Al respecto, el presidente de Doe Run Perú, Bruce Neil, ha defendido su inversión con cifras al canto: han invertido 160 millones de dólares en mejorar la calidad de vida de la población, y no solo en el plano ambiental.
La empresa debió cumplir con la instalación de una planta de ácido sulfúrico, entre otros proyectos; pero no lo hizo, alegando problemas financieros. Estaba con la soga cuello. Sin embargo, el salvavidas se lo tiró su propio fiscalizador: el gobierno.
A finales de diciembre del año pasado, se publicó un decreto supremo que permitía a las mineras que habían incumplido con su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) solicitar excepcionalmente una prorroga para cumplir con sus objetivos medioambientales. ¿Adivinen quién era el único en problemas? Sí, Doe Run.
El Ministerio de Energía y Minas tiene hasta el 15 para responder a la solicitud planteada. Aunque todo hace prever que será favorable a la minera, sería casi inédito sancionar en le país a un gigante extranjero por incumplimiento de contrato respecto a su responsabilidad social con la gente.

